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Los perjuicios de la nueva Ley de Residuos
Asociaciones empresariales, como EsPlásticos o AECOC, alertan de las consecuencias que para la competitividad empresarial tendrá la nueva Ley de Residuos y Suelos Contaminados aprobada la semana pasada.
Así, EsPlásticos, plataforma que representa los intereses de la industria del plástico a nivel nacional, a pesar de compartir los objetivos finales de la ley, no está de acuerdo con algunas de sus medidas.
En este sentido, EsPlásticos considera que dichas medidas, además de ir en contra de los objetivos de la ley de fomentar la economía circular, afectan gravemente al sector industrial de los plásticos y su cadena de valor.
Sobre todo, teniendo en cuenta el actual contexto de crisis tanto a nivel internacional como nacional; y el hecho de que el sector de los plásticos sea clave para la economía circular.
Desde la plataforma que representa los intereses de la industria plástica española explican que han tratado de conseguir una ley justa. En este sentido explican haber logrado amortiguar el impacto del impuesto a los envases plásticos no reutilizables. Ello ha sido posible con la introducción de un mecanismo equivalente a la repercusión jurídica en la primera operación de compraventa del envase. Esto ayudará a conseguir la transparencia necesaria para evitar la especulación comercial con este impuesto. Con esta medida se ha logrado dar algo de oxígeno a las empresas del sector del envase, que dan empleo a 125.000 personas. De haberse mantenido el impuesto como estaba planteado inicialmente, según EsPlásticos, el 95% de las empresas del sector del packaging podrían haberse visto abocadas a la quiebra. De la misma manera, la plataforma considera positiva la moratoria de un año a la entrada en vigor del gravamen, hasta enero del 2023. Ya que ello permitirá garantizar una transición justa para las empresas.
Un impuesto que restará competitividad a las empresas españolas
Sin embargo, desde EsPlásticos consideran que el hecho de que España sea de los pocos países europeos en implementar un impuesto al plástico es una discriminación con respecto a otros materiales. Asimismo, además de desproporcionado creen que la medida no será útil para mejorar los objetivos ambientales. Igualmente consideran que el impuesto acabará llegando al usuario ya que la mayoría de productos de primera necesidad utilizan envases plásticos.
«Lamentamos ver -dicen en EsPlásticos- que finalmente no se ha incluido un elemento finalista en el impuesto; lo que implica que los ingresos recaudados no se destinarán de manera preferente a fomentar la circularidad de los envases con medidas encaminadas a mejoras tecnológicas y campañas educativas; para incidir en la correcta separación de residuos«.
Para la plataforma sectorial ha faltado un criterio científico a la hora establecer algunas de las medidas; ya que no se han realizado análisis de ciclos de vida completos para evaluar la idoneidad y sostenibilidad de las diferentes opciones.
Así, entienden desproporcionados los objetivos de la ley de reducción del 50% en peso para 2026 con respecto a 2022 y del 70% para 2030. Igualmente, consideran que estos objetivos no fomentarán la reutilización y se limitarán a sustituir los envases plásticos por otros de un solo uso; muchos de ellos hechos de multimateriales y más difíciles de reciclar; que darán lugar a residuos mucho más pesados, generando por tanto una huella de carbono mayor.
AECOC y la nueva Ley de Residuos
Por su parte, desde la asociación de fabricantes y distribuidores AECOC, no entienden que la ley aprobada marque objetivos más ambiciosos que los fijados por Europa; ya que ello supondrá sobrecostes para las empresas y afectará a la competitividad de las compañías españolas. Y es que tendrán que destinar mayores recursos que sus competidores europeos para el cumplimiento de la ley.
Del mismo modo, AECOC considera que la ampliación de las contribuciones financieras de las empresas productoras a la hora de asumir los costes de la recuperación y limpieza de los residuos abandonados en vías públicas y medio ambiente supone trasladar a la empresa privada una responsabilidad que anteriormente se gestionaba con fondos públicos.
Para la asociación empresarial la ley es un claro desincentivo para que otros agentes -como las administraciones públicas o los consumidores- se involucren en la separación de los residuos. En este sentido, entienden que no contribuye a mejorar el cumplimiento de los objetivos medioambientales.
*Para más información: https://esplasticos.es/ – www.aecoc.es
05.04.2022