La industria europea, frente al reto de ser verde y competitiva
15/02/2023
La alianza por la competitividad de la industria española, integrada entre otras organizaciones por FEIQUE, pide que el pacto verde europeo evite la deslocalización de inversiones hacia otros mercados más competitivos.
La industria europea se halla ante una encrucijada clave. Una situación marcada por la necesidad de la sostenibilidad pero cuyas exigencias verdes no pueden restarle competitividad en favor de otras áreas geográficas menos respetuosas con el medio ambiente. Para ello resultan fundamentales las ayudas públicas.
Es el caso por ejemplo de lo que sucede en Estados Unidos, cuya ley para reducir la inflación (Inflation Reduction Act) aprobada el pasado verano, contempla destinar en los próximos 10 años a la industria de aquel país un total de 437.000 millones de dólares. De estos, 369.000 irán destinados a créditos fiscales y ayudas directas a las empresas para mejorar su acción climática.
Desde la alianza por la competitividad de la industria española advierten que esta medida puede influir en las decisiones de inversión de los principales sectores industriales a nivel internacional que apuesten por EE.UU. en detrimento de Europa.
A ello hay que sumar el agravio comparativo que ya supone el elevado diferencial de precios energéticos entre EE.UU y Europa. Y la ausencia de un mercado estadounidense de derechos de emisión. Concretamente solo existen dos mercados (RGGI, que afecta a 12 estados del Nordeste, y California) en el que los precios del CO2 son entre 3 y 7 veces menores que los de la Unión Europea.
En este sentido, la industria española considera que esta ley influirá a la hora de atraer inversiones a sectores como el siderúrgico, metalúrgico, químico, de refino, papelero, o la automoción. Una situación que no solo afecta a las inversiones, sino que pone incluso en peligro la continuidad de las cadenas de suministro. Así, esto puede generar una dependencia europea sobre materias primas esenciales similar a la que la ya hay respecto al gas natural, al petróleo o a los minerales críticos. Algo que supone una debilidad estructural importante.
Medidas de apoyo para la industria europea y española
Por todo ello, los sectores representados por la Alianza por la Competitividad de la Industria Española piden a las autoridades europeas medidas de apoyo a la inversión similares en el conjunto de la Unión Europea, y una política industrial propia, basada en el incentivo y no solo en la regulación o en la penalización.
Una política industrial que, fijara en los países de la unión leyes con mecanismos potentes capaces de integrar las actividades industriales existentes con las nuevas oportunidades surgidas de los procesos de descarbonización, circularidad o digitalización.
Otras reformas
La comparativa de la situación industrial en europea respecto a la estadounidense implicaría también otras reformas. Entre ellas garantizar precios energéticos competitivos. Regular el mercado de derechos de emisión para limitar la especulación que distorsiona los precios. Impulsar de forma homogénea la captura, almacenamiento y utilización del CO2 como materia prima. Apoyar el desarrollo del autoconsumo industrial. Garantizar un marco de evolución estable y a largo plazo de tecnologías renovables sustitutivas de los combustibles fósiles. Potenciar la explotación de materias primas y minerales críticos y estratégicos para ciertos sectores. Promover el liderazgo tecnológico e industrial europeo mediante programas de apoyo a la I+D+i en tecnologías clave para la transición energética y digital. Y agilizar los procedimientos técnicos y administrativos para la puesta en marcha de plantas industriales.
Igualmente, la industria española pide que los incentivos a las inversiones en la UE garanticen la equidad entre países, para evitar la ruptura del mercado único.
Finalmente, la alianza por la competitividad de la industria nacional señala que el nuevo modelo de ayudas europeo debe corregir los fallos surgidos con los Fondos Next Generation. Para ello demanda la incorporación de plazos realistas para la ejecución de inversiones. O la simplificación de los procedimientos de participación para que ninguna inversión productiva o tecnológica quede sin ejecutarse.
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